LA MUERTE DE UN OMBUDSMAN

Es más peligroso defender ideas

que robar a manos llenas.

Agustín Moreno

 

El Sistema no jurisdiccional de derechos humanos sufrió su primera baja violenta. 27 años después del nacimiento de la CNDH muere violentamente Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la CEDH de Baja California Sur. No es que otros presidentes de comisiones estatales no hayan tenido tropiezos, al menos Miguel Sarre Iguiniz se vio urgido de abandonar Aguascalientes en 1990, luego de hacer una recomendación donde pedía la cabeza del jefe de la policía judicial. El “recomendado” era compadre de Miguel Ángel Barberena Vega, gobernador del estado, quien luego de ver la dichosa recomendación dijo que en Aguascalientes no cabían Sarre y él. Sarre entendió que no sería Barberena quien saldría del estado sede de la Convención revolucionaria de 1914 y ni maletas hizo para marcharse al DF.

 

A los activistas de derechos humanos, como a muchos chiapanecos, no se nos olvidan las palabras lapidarias que sin ningún rubor le expresaron al presidente de la CEDH de Chiapas, Pedro Raúl López Hernández: “encierro, destierro o entierro”. Era el mensaje del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. La casa de Pedro Raúl había quedado como raspador de queso y ya no podía despachar en las oficinas de la Comisión. José Luis Soberanes y la Federación de comisiones de derechos humanos lo abandonaron. Y Pedro Raúl no tuvo otra opción que poner a prueba sus sufridas canillas para llegar hasta la ciudad de México, huyendo de los demonios sueltos mendiguchianos. No quiso el encierro y mucho menos el entierro.

 

Aunque los tiempos que vivimos no den para mucho en lo que toca al respeto de los derechos humanos de defensores de esos derechos, nunca creímos que se cobraran víctimas en las filas de las comisiones oficiales de derechos humanos, por su naturaleza, por el perfil que guardan en general sus presidentes, más inclinados al poder que a la defensa intransigente de los derechos ciudadanos. Pensamos que las cosas quedarían hasta el simpático (pero riesgoso) destierro de Gustavo De la Rosa Hickerson, visitador de la CEDH de Chihuahua, que con amenazas de muerte se asiló en Texas, sin dejar nunca de cumplir con su delicado trabajo de visitador en Ciudad Juárez.

 

El trabajo realizado durante el presente año de parte de Silvestre De la Toba, nos habla de recomendaciones reiterativas a la Secretaría de Educación Pública por la negativa de escuelas a recibir a niños con discapacidad y de abusos sexuales contra alumnas de parte de docentes; sin faltar varias recomendaciones que afectaron intereses en las direcciones de seguridad pública en La Paz, Loreto y Comondú. No sabemos que haya detonado la situación que termina con su vida, pero el caso desnuda el entorno en que viven los defensores de derechos humanos. No sólo los activistas de este movimiento, ahora podemos decirlo sin riesgo de equivocarnos, también los llamados defensores del pueblo.

 

Y aunque nos suene casi siempre amargo, ajeno y lejano, volvamos a decir: que la única manera de cicatrizar esa herida y también de recuperar en parte la confianza perdida en la autoridad, es el esclarecimiento de su asesinato, la captura de sus responsables y que sean juzgados por ese horrible crimen.

 

En medio de este lamentable hecho, como resultado de una exitosa gestión de la Comisión ciudadana de seguimiento al Caso Javier Valdez, recibimos una hermosa respuesta. Solicitamos al Congreso del Estado la comparecencia del Fiscal General para que informe del crimen de Javier, a 6 meses de su inmolación, mismo que están llenos de silencio y de contenido en la investigación. Como brisa fresca en tarde de verano nos cae la noticia de que se aprobó dicha comparecencia y, con mayor razón, en el día en que la solicitamos: 10 de diciembre. Será la mejor manera de conmemorar los 69 años de que fue aprobada la Declaración Universal de Los Derechos Humanos.

 

Esa gestión de la Comisión ciudadana ha sido exitosa, porque sus miembros no han dejado de convocar, de organizar la protesta, de tocar las diferentes puertas de la autoridad para  ser escuchados. Y la convocatoria tiene un importante eco en la sociedad sinaloense. Eso nos fortalece y da vigor a las demandas. Ahora esperamos que muchas voces y personas estén presentes en el Congreso del Estado el día 10 de diciembre, para que la voz que reclama información clara y precisa sobre el Caso Javier Valdez, tenga la respuesta adecuada del Congreso y de la Fiscalía general del Estado. Hemos dado un primer paso en firme, que el siguiente pise más fuerte. Callar no es opción, dijeron muchos ciudadanos en las marchas. Así creemos haberlo entendido todos. Vale.

 

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