El criminal descaro

Hace ya más de dos y medio meses, el 26 de agosto pasado, marinos dispararon y mataron por la espalda a un exmilitar, en El Limón de los Ramos.
Las periciales comprobaron que las balas que mataron a Leonardo fueron disparadas por miembros de la Marina Armada de México; se les llamó a declarar, pero hasta ahí.
Siguen libres, a pesar de las pruebas de balística y de que hay testigos de los hechos.
No es éste un crimen en el que se pueda alegar con razón que no hay detenidos ni procesados por culpa del nuevo sistema de justicia penal.
Han mentido ya mucho con eso, desvergonzadamente, y lo seguirán haciendo.
A nuestros gobiernos y a quienes procuran y administran justicia ya les gustó lavarse las manos con el pretexto de que para procesar a un delincuente forzadamente tiene que haber delito en flagrancia, o que para detenerlo debe demostrarse científicamente que los anillos de Saturno son ahora más delgados que hace cuarenta y dos minutos y medio.
Por muchos menos elementos que los que en este caso se tienen, en otros han apresado y sentenciado a los culpables.
Pero como los acusados son miembros de las muy gloriosas fuerzas armadas, pues en este crimen la justicia termina ausente o en el mejor de los casos tarda mucho en llegar.
Marinos y militares entraron a labores de seguridad pública en el ramo civil, con el compromiso del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa de hacerse de la vista gorda por los excesos cometidos; una y otra vez los altos mandos militares lo han dicho, palabras más palabras menos, a manera de excusa: “estamos realizando tareas para las que no fuimos preparados”.
Cientos de crímenes descaradamente impunes con una enorme cantidad de mexicanos asesinados, desaparecidos, torturados, robados y violentados en sus derechos humanos.
El presidente Enrique Peña Nieto mantiene el vergonzoso pacto hecho por el panista borrachín, y resultan cómplices también por omisión quienes gobernaron y gobiernan Sinaloa y nuestros municipios, omisos en cuando menos el elemental y obligado reclamo público de que termine ya esa tan aberrante cadena de impunidades.
Enorme tristeza me sigue causando la duda de cuántos inocentes asesinados más se necesitan para que nuestros gobiernos se decidan a cumplir con lo que la ley y el pueblo les obligan y mandan.

A LO QUE SIGUE

En lo de las acusadas irregularidades financieras cometidas por funcionarios del gobierno anterior, lo que el pueblo exige es que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Quieren ver sangre, dijera la plebada.
Opiniones de todos colores y sabores, las expresadas sobre este asunto en las cada vez más populares redes sociales; algunas muy centradas y otras totalmente fuera de la realidad, unas por conveniencia y otras por desconocimiento.
Al poder ejecutivo le toca señalar las presuntas desviaciones, y presentar ante la autoridad la denuncia y las pruebas de lo que se acusa.
Se dio apenas el primer paso, pero quedan muchos por caminar.
Lo que resulte dejará inevitablemente por parte de la sociedad un saldo a favor o en contra del gobernador Quirino Ordaz Coppel.
No hay de otras sopas, y ya no puede haber marcha atrás.
O se demuestran los desfalcos y desvíos, con el respectivo castigo mediante la respectiva resolución judicial, o terminan haciendo el ridículo.
La voluntad política mostrada al denunciar y anunciar la presentación de demandas formales es sólo el inicio de un largo caminar.
Téngase muy en claro que los sinaloenses están cada vez más al pendiente.

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